Sabemos
que la educación es la base de una sociedad democrática; sabemos que es un
derecho y que su función en la sociedad es esencial. Pero ¿por qué? ¿Por qué ha
de ser un derecho para todos? ¿Por qué es esencial para la sociedad
democrática? Y lo más importante: deberíamos plantearnos si realmente los
políticos están permitiendo que la educación sea un derecho (y no un
privilegio). Y es que ha costado muchos siglos llegar a considerar la educación
como un derecho de todo ciudadano; y, aunque así se recoge en el artículo 27 de
la Constitución (“todos tienen derecho a la educación”), cada vez son más las
medidas políticas que atacan, pasando desapercibidas, las leyes que garantizan
los derechos de los ciudadanos. Y es que tenemos un gobierno de película,
que hace unas leyes de cine, y las aprueba después de unas cuantas tomas
falsas.
La
muestra, la tenéis en este vídeo, que manifiesta cómo la nueva ley educativa va
justo en contra de lo que soñamos los pedagogos, de lo que vemos en el cine, de
lo que hacen países como Finlandia que están muy por encima de nosotros en
cuanto a educación se refiere. Como veréis en el vídeo, aunque parezca
ciencia ficción, no lo es es: ésta es nuestra actual realidad educativa,
nuestra triste realidad.
Pero no es de extrañar lo que el vídeo cuenta: a nuestros políticos no les interesan los ciudadanos libres, críticos y autónomos. Lo que interesa es que la sociedad sea fácilmente manipulable, haga y piense lo que ellos quieran, obedezca, sin quejas, a lo que ellos decidan, mantenga el sistema capitalista sin darse cuenta, comulgue con el consumo atroz; lo que interesa es que siga habiendo clases sociales (para que el sistema capitalista no se desmorone) y que las clases más bajas (la clase obrera) no tenga voz (ni voto!).
Desde las escuelas, se debería impedir que los políticos hagan lo que quieran con nosotros; además, deberíamos exigir que se escuche a los pedagogos y a los docentes, que son los que tienen las claves para que el sistema educativo funcione de verdad, y que sean ellos los que modifiquen las leyes educativas (y no el político de turno).
Lo que queda muy claro (y nos hace reflexionar sobre la actual situación educativa en España), es que si recortamos en esfuerzos, si pedimos que el esfuerzo económico vaya a cargo de las familias, de los estudiantes, nos acercaremos a la situación crítica en la que viven los países subdesarrollados de África y de América Latina. La educación se ha de entender como un derecho para todos y como la vía para mejorar nuestra sociedad, no como el mecanismo segregador de la misma. El Estado debe garantizar el acceso de todos a una educación digna, y debe intervenir para que cada uno de los ciudadanos tenga las mismas posibilidades, en tanto que se nos considera constitucionalmente “iguales”.
Dreamers... :)
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